El fomento es una estrategia que parte del concepto democrático que las personas tienen derecho a participar en los asuntos de interés público. Una forma de realizarlo es haciendo uso de su derecho humano a asociarse libremente para cualquier fin lícito que consideren relevante. En este marco, fomentar es favorecer las condiciones para que las personas asociadas puedan cumplir sus objetivos sociales de la mejor manera, procurando el crecimiento de sus capacidades, garantizando y protegiendo sus derechos y libertades y generando un entorno en el cual las organizaciones civiles puedan desarrollarse, multiplicarse y evolucionar.
Por lo tanto, podemos deducir que el fomento a las OSC es mucho más que la Ley federal en la materia y las correspondientes leyes estatales. González (2023) divide su análisis de leyes estatales en tres dimensiones: jurídica, esto es la calidad de las leyes; programática, las políticas y acciones de fomento; y estructural; esto es las instituciones y espacios públicos que incluyen acciones o espacios en la materia.
¿Cuáles son entonces aquellos retos pendientes de recuperar y, en última instancia, de mejorar a partir del marco de fomento existente hasta 2018? Un cambio de paradigma podría contener algunas de las claves:
Chavez et al (2021), en conjunto con otros actores, han destacado la conveniencia de contar con un sistema de fomento a las OSC y otras expresiones de la sociedad civil organizada. Un sistema implicaría no contar con acciones aisladas, en su lugar, diseñar un plan integral que involucre a diversas secretarías y organismos descentralizados. Así mismo, que cuente con la inclusión de un porcentaje obligatorio en el presupuesto federal para el desarrollo de acciones de fomento, además de subsidios.
